La investigación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación del incendio de la guardería ABC, en donde perdieron la vida 49 niños, podría ser la última que lleva a cabo el máximo tribunal del país.
Como parte de la reforma política, el Congreso analizará una propuesta del PRI para eliminar la facultad de investigación que el artículo 97 de la Constitución le otorga a la SCJN.Y si no se fincan responsabilidades penales y administrativas a quienes la Corte señale como presuntos responsables del incendio en la guardería ABC, se fortalecerán los argumentos de quienes consideran que la facultad de investigación del máximo tribunal del país no tiene razón de ser.Si los titulares de la PGR, del IMSS, del gobierno de Sonora y del gobierno municipal de Hermosillo no demuestran voluntad para atender las conclusiones de la investigación de la Corte, será necesario que los legisladores piensen seriamente en eliminar esa facultad investigadora de la institución, que sólo genera efectos políticos.El artículo 97 de la Constitución le otorga a la SCJN facultades para investigar, a través de ministros, magistrados jueces de distrito o comisionados especiales, posibles violaciones graves a las garantías individuales.Esta facultad estuvo congelada durante varias décadas, hasta que en 1995 el entonces presidente Ernesto Zedillo solicitó a la SCJN que investigara la matanza de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, ocurrida el 28 de junio de ese año.El principal efecto que dejó esa investigación fue político, con la caída del gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, pero las recomendaciones de la Corte en materia penal no fueron acatadas por la Procuraduría General de Justicia de ese estado.En los últimos años, los políticos han abusado de la facultad de investigación de la SCJN, con el riesgo implícito de que la Corte sustituya al Ministerio Público con indagatorias cuyos resultados son como llamados a misa.
El Congreso le pidió a la SCJN que investigara las agresiones que sufrió en Puebla la periodista Lydia Cacho, a pesar de que no se trataba de una violación sistemática de los derechos humanos, sino en todo caso, agravios injustificables e inaceptables, pero sólo en contra de una persona.La institución concluyó que no se registraron violaciones graves de los derechos humanos en términos del artículo 97 constitucional y se pronunció porque “otras instancias judiciales” dieran seguimiento a los actos cometidos en contra de la periodista.El máximo tribunal del país también investigó, a petición de la Cámara de Diputados, posibles violaciones a los derechos humanos durante el conflicto de Oaxaca del 2006.En sus conclusiones, la SCJN determinó que el gobernador de ese estado, Ulises Ruiz, tuvo participación en la violaciones a los derechos humanos, pero la resolución no tuvo efectos ni legales ni políticos, pues el mandatario permanece en el cargo.En torno al incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, la Corte realizó una extensa investigación en la que participaron dos magistrados, varios jueces de distrito y peritos nacionales e internacionales.