Amnistía Internacional (AI) hizo llamado urgente para derogar la polémica Ley SB1070, a unas horas de que entre en vigor en el estado de Arizona y criminalice en la práctica a todos los inmigrantes ilegales con base en su apariencia racial.
El organismo denunció que esta legislación es una «amenaza para los derechos humanos» y expresó su preocupación porque en los hechos derive en violaciones y detenciones arbitrarias.
«La ley no contiene garantías contra la detención basada en la apariencia racial -la práctica de detener a alguien únicamente por su apariencia, origen o nacionalidad- lo cual es discriminatorio y una violación a los derechos fundamentales», sostuvo AI a través de un comunicado de prensa.
La Ley SB1070 entrará en vigor mañana jueves en el estado de Arizona, fronterizo con Sonora, de no ocurrir nada extraordinario en el transcurso de este miércoles.
El 23 de abril pasado, la gobernadora de Arizona, Janice K. Brewer, firmó la norma que criminaliza la migración indocumentada, lo que derivó en la presentación de una serie de demandas ante la Corte Federal por parte de organizaciones civiles, sin que hasta el momento el tribunal haya emitido un pronunciamiento definitivo.
AI alertó que la ley faculta a los cuerpos policiales de Arizona para que detengan e interroguen a cualquier persona sobre el estatus de su ciudadanía y la entreguen a las autoridades migratorias para un posible procesamiento, prisión o deportación en caso de que no presente los documentos que justifiquen su estancia legal en dicha entidad.
En este sentido, señaló que el derecho fundamental a la libertad y a no ser detenido arbitrariamente es una garantía universal que también poseen los migrantes.
Por ello hizo un llamado para que la Ley SB1070 sea derogada y para que la legislación de los Estados Unidos sobre migración incluya garantías para la protección de los derechos humanos.
Estas deben incluir, sostuvo, el derecho al debido proceso para quienes no son ciudadanos estadounidenses y se encuentren en proceso de deportación, así como el derecho a no ser detenido arbitrariamente.

En los últimos dos meses un total de 5 mil migrantes poblanos huyeron de Arizona por temor a ser agredidos, informó Héctor Escobar González, Alto Comisionado para la Atención del Migrante Poblano.
Señaló que aproximadamente en Arizona radicaban entre 7 y 10 mil poblanos, de los cuales el 50% -estimado entre 3 mil 500 y 5 mil connacionales- emigró hacia otras demarcaciones como medida precautoria ante la intolerancia de la Ley SB1070.
Detalló que desde que la iniciativa de ley fue presentada en aquel estado, los poblanos se refugiaron en Los Ángeles y Las Vegas, por ser zonas mucho más seguras.
Asimismo señaló que cuatro poblanos fueron detenidos por Migración, sin razón aparente, pero tres demostraron su ciudadanía estadunidense y uno su residencia legal.
El funcionario indicó que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, está equivocada al pretender imponer una ley completamente discriminante, intolerante y que vulnera las garantías elementales de los individuos.
Resaltó que la labor de la administración local se concentra en mantener constante comunicación con los representantes migratorios en Estados Unidos para atender cualquier hecho anómalo que pudiera registrarse.
Cabe recordar que la entidad es la sexta con mayor expulsión de migrantes, pues alrededor de 120 mil poblanos principalmente de la Mixteca y municipios como Izúcar de Matamoros, Aquixtla, Axutla  y Zacatlán emigran cada año hacia el vecino país del norte.

MUEREN CUATRO POBLANOS EN LA ÚLTIMA SEMANA

En otros tópicos, Héctor Escobar informó que cuatro migrantes poblanos perecieron en los últimos días.
Se trata de Marcelino Lima de 47 años, originario de Tochimilco y Pedro Antonio Ramírez de 32 años de edad proveniente de Atlixco, ambos murieron por deshidratación cuando intentaron cruzar la frontera por el desierto.
También Gonzalo Romero Tlaminzin y Miguel Ángel Romero León, de 33 y 30 años de edad, respectivamente, quienes murieron ahogados en la playa Sandy Hook, donde celebraban un pic nic con su familia.

 

El gobierno de México reconoció los esfuerzos de la administración de Barack Obama y de las organizaciones civiles de Estados Unidos que llevaron a una corte federal a suspender de manera provisional la aplicación de la Ley SB1070 en Arizona.
La titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, en un mensaje de 6 minutos fijó así la posición del gobierno federal ante la resolución de la corte federal de Phoenix que permite la entrada en vigor de la ley, pero de manera parcial.
En este sentido la canciller destacó que la decisión de la juez Susan Bolton «es un primer paso en la dirección correcta» por lo que el gobierno mexicano dará seguimiento puntual a este caso hasta que se promulgue de manera definitiva la inconstitucionalidad de la ley, sostuvo al funcionaria. Espinosa Cantellano destacó que la resolución judicial impide que se investigue la situación migratoria de cualquier ciudadano, ninguno podrá ser detenido bajo sospecha de ser indocumentado si no existe una orden de aprehensión en su contra y con la decisión de la juez se elimina la posibilidad de criminalizar el trabajo indocumentado.
Entre las medidas que adoptó la cancillería, indicó que se ha instruido a Daniel Hernández, director general de Protección para Mexicanos en el Exterior, para que se desplace de inmediato a Phoenix, Arizona a fin de estar atento con esta ley que entra en vigor mañana.
Además de que se ha asignado personal en los centros de detención de Arizona a fin de  detectar cualquier caso que pudiera requerir de la protección consular para un mexicano.
También se puso a disposición el numero telefónico 187763 Consult que dará atención las 24 horas del día para atender quejas y denuncias.